Mendoza: Aviación agrícola y ambientalismo

21 AGO | por : Fearca

Respeto el medio ambiente.  De hecho, soy abogado de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, una organización empresarial que promueve su defensa.  También respeto a los ambientalistas y a los cultores del Derecho Ambiental.  Sin embargo, vengo viendo que el ambientalismo genuino ha sido infiltrado por un puñado de fundamentalistas para quienes cualquier actividad humana es contraria al hábitat sobre todo si se desarrolla con aviones.  Estos activistas, que no son muchos, no razonan ni tienen tampoco una clara conciencia de las leyes, empezando por la Constitución Nacional, que no promueve una defensa a ultranza del ambiente sino un equilibrio entre su protección y el desarrollo productivo.

Desde hace diez años venimos asistiendo a un intenso enfrentamiento entre ambientalistas radicalizados y empresas explotadoras de aviación agrícola de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En todos estos escenarios, el espectáculo ha sido más o menos el mismo:  acusaciones abstractas y alarmistas  basadas en posiciones ideológicas rígidas de parte de los detractores de la actividad (en su inmensa mayoría ecólatras radicalizados) y, del lado empresarios, continua sensación de impotencia al ver que los argumentos técnicos y científicos que sustentan la actividad no son tenidos en cuenta por los ambientalistas, mientras que los funcionarios de gobierno omiten pronunciarse categóricamente en uno u otro sentido, moviéndose al flujo o reflujo de la intención de voto de sus respectivas jurisdicciones.

Este cuadro se quebró en Mendoza durante la pasada campaña 2017/2018 con motivo de las aplicaciones aéreas de fitosanitarios que el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) decidió ejecutar contra la Polilla de la Vid (Lobesia botrana), una plaga cuarentenaria que se venía extendiendo imparablemente desde 2008.  El empleo de aviones agrícolas permitió detener en seco la expansión de este insecto, pues por primera vez se lo pudo atacar en simultáneo sobre todo el territorio provincial y con dosis uniformes de confusores sexuales e insecticidas de baja toxicidad (fueran estos orgánicos o de síntesis química).  El resultado fue que la plaga logró detenerse y, gracias a la aviación agrícola va camino al exterminio.

Tan pronto los aviones comenzaron a volar en Mendoza, un virulento grupito de ambientalistas alzó la voz contra las aplicaciones aéreas, denunciando que afectaban la salud humana y el equilibrio del ecosistema.  De inmediato la Red Ambiental Oikos interpuso una acción de amparo solicitando la suspensión de los vuelos, al tiempo que la Municipalidad de San Carlos directamente los prohibió.  Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo (pues no se comprobó en absoluto el pretendido perjuicio ambiental) y los aviones terminaron volando sobre San Carlos, donde ejecutaron su trabajo en apenas una mañana. En síntesis, la polilla perdió y ganaron todos los mendocinos.

El caso dejó como lección que no se puede hablar de ambiente en sentido abstracto.  Concretamente en Mendoza, el medioambiente es tanto natural como cultural, pues cien generaciones de agricultores crearon tres oasis donde naturalmente debía existir sólo desierto.  En otras palabras, nuestro medio ambiente real está formado por montañas, glaciares y ríos, pero también por los cultivos que sustentan el desarrollo económico y social del país.  En Mendoza o San Juan el más importante de esos cultivos es la vid, del mismo modo que en Córdoba, Buenos Aires o Santa Fe son los cereales. 

Las plagas que afectan estos cultivos no pueden permanecer ajenas a la ecuación ambiental sencillamente porque muchos de los insectos u hongos no son autóctonos, sino exógenos o “importados” de otros ecosistemas. En Mendoza quedó claro que era la polilla (y no los aviones) la que afectaba el medio ambiente y que los aviones sólo representaban la mejor cura posible contra este flagelo. Así, la Justicia mendocina generó un precedente jurisprudencial interesante que se suma e integra al precedente sentado por el Tribunal de Justicia de Córdoba en el ya célebre caso “Barrio Ituzaingó”.